Escrito realizado por Chaya Tlilli donde se hace un análisis anarquista sobre la Ley de Seguridad Interior en México, dejando en claro que más allá de una lucha específica contra una ley en particular, la propuesta anti-autoritaria es una lucha constante y permanente contra el control y la vigilancia que ejerce el Estado en sí y contra el desarrollo de cualquier sistema de dominación, en este caso el sistema tecno-industrial el cual marca la pauta de muchos de los aberrantes acontecimientos sociales  que vivimos en la actualidad.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, es un síntoma de la necesidad del capitalismo global por renovar sus cotos de poder y la expansión de su progreso económico en beneficio de la sociedad de clases y su cosmovisión antropocéntrica. En orden a la represión de expresiones contrarias a sus intereses o que no favorezcan al dominio global, el cual va acompañado del despojo y apoderamiento de tierras, vientos y aguas, de explotación de “recursos energéticos” y de cuerpos humanxs y animales, el Estado ha venido generando los cambios legales pertinentes para alcanzar sus objetivos. Si bien la LSI es una expresión latente a nivel jurídico del avance tecnológico industrial mediante el totalitarismo y la militarización de la sociedad, desde nuestra perspectiva anarquista, su aprobación no señala el punto de partida de la militarización del país o de su actividad endurecida contra las resistencias, ya que en los hechos el ejército ha sido desplegado social o específicamente desde prácticamente siempre en los momentos de tensión política y económica en México, ejemplos históricos que visibilizan esta práctica sobran:

• 1968, la histórica masacre de Tlatelolco, donde fueron muertxs miles de estudiantes.

• La cacería de guerrillerxs y comunistas en los 60’s, consolidando prácticas de tortura.

• La militarización y combate armado en Chiapas en los 90’s, contra la insurrección indígena y zapatista.

• Resalta un caso poco conocido a raíz del temblor que destruyó la Ciudad de México en 1985, donde por motivos de las labores de rescate, salieron a relucir de entre los escombros de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal diversas cárceles clandestinas donde se torturaba y asesinaba a personas no gratas¹.

• La matanza de Acteal en 1997, donde militares dispararon contra indígenas tzotziles y abrieron los vientres de mujeres embarazadas llenándolos de piedras.

En la actualidad lejos de disminuir esta tendencia, la violencia perpetrada desde las fuerzas estatales ha incrementado, los cuerpos de seguridad han ido adquiriendo y actualizándose en su equipo e infraestructura, han expandido su sofisticación a otros sectores de las fuerzas de control, adiestrando militarmente a las antiguas policías y creando nuevos cuerpos policiacos como la gendarmería, la fuerza civil, la policía estatal o la policía militar, desplegando a la Marina en ciertas zonas y concretando pactos y alianzas con el narco y con el gobierno de Estados Unidos. Precisamente uno de los pactos que permitió el desarrollo cuantitativo y cualitativo de los aparatos de represión estatales fue la Iniciativa Mérida², una medida de cooperación internacional contra el crimen organizado llevada a cabo cuando el presidente de México era Felipe Calderón y el de Estados Unidos George Bush, un antecedente que no se puede dejar de lado si queremos trazar una línea histórica del estado actual de control y represión.

No hay que dejar de lado que el narco se ha configurado como el “sujeto político enemigo” para justificar la militarización, sin embargo desde una perspectiva anti-autoritaria y sumando esto a la crítica anti-estatal, el narco y la denominada delincuencia organizada no deben ser tomados como enemigxs montándose a la visión ciudadanista y simplista de la inseguridad, o de que son grupos que actúan fuera del marco de la ley, sino porque estos en los hechos llevan a cabo la búsqueda del Poder mediante las mismas herramientas, vías y objetivos, contribuyendo de la misma manera a la dominación social y a la explotación de la Tierra; no es casualidad que para mantenerse con poder, estos grupos tengan que estar vinculados y participando en los gobiernos y sirviendo como brazo paramilitar o parapolicial para atacar a las diversas luchas y a sus participantes encarcelándolxs, desapareciéndolxs o asesinándolxs. Una de las más conocidas tácticas gubernamentales en México es achacar a lxs rebeldes cualquier nexo con el narco para perjudicarlxs y desacreditar las luchas.

La brutalidad de la represión estatal nunca ha disminuido, por el contrario se ha mantenido, y en ocasiones ha incrementado, como lo demuestran los siguientes ejemplos más o menos actuales:

• En el 2006 México experimentó el inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” la cual ha servido de pretexto para reprimir, encarcelar o asesinar a activistas sociales de diversa índole, contando hasta la fecha con un aproximado de 200 mil muertos, 39 mil desaparecidos y 350 mil desplazados, atribuyendo muchos de estos casos a algún vínculo con el “crimen organizado”.

• También en el 2006 durante la insurrección popular en Oaxaca, las desapariciones y torturas de sublevados estuvieron a la orden del día, muchos de lxs desaparecidxs eran trasladadxs en helicópteros y aventados desde los aires, llevados cárceles clandestinas donde eran torturadxs y asesinadxs.

• En el 2014, la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, caso en el que por diversos medios se ha comprobado la participación del Ejercito Nacional.

• En 2015, en Ostula, Michoacán, militares abrieron fuego contra un bloqueo carretero de comuneros en respuesta a la detención de un autodefensa, muriendo un niño de 12 años. Esta comunidad se ha organizado en autodefensa y ha recuperado tierras acaparadas por caciques y narcos³.

• También en 2015 tenemos el Caso Narvarte en donde fueron asesinadxs el activista de fotoperiodismo Rubén Espinosa y la activista social Nadia Vera junto con otras tres personas, en situaciones no muy claras, en donde salían a relucir huellas de violación a las mujeres y heridas de bala en las cabezas de las víctimas, hecho del cual se responsabilizaba al Gobernador de Veracruz Javier Duarte⁴.

• El 2016 en Huajuapan, Oaxaca fue torturado, atropellado y finalmente asesinado por la policía el compañero anarcopunk Salvador Olmos García quien participaba en la Radio Comunitaria Tu Un Ñuu Savi y siempre se mantuvo en diversos proyectos autónomos y solidarizándose con diversas causas regionales y relacionadas con la movida punk/anarquista⁵.

• En 2018 se reporta que dentro de una academia de policías en Veracruz, estos practicaban técnicas de tortura con personas secuestradas por policías de elite y posteriormente eran aventadas a un espacio donde tenían tigres y cocodrilos para ser aniquilados o enterradas bajo las instalaciones⁶.

• También en febrero del 2018 en Santa María Huatulco, Oaxaca, fueron asesinadxs por un grupo de sicarios judiciales 3 integrantes de la organización indígena CODEDI, mientras se encontraban realizando una caravana. Uno de los integrantes de esta caravana Abraham Rodríguez ya habría sido encarcelado por 7 años por su involucramiento en las luchas y la organización. En esta zona de Oaxaca se viene resistiendo desde varios años atrás contra la aniquilación y cooptación de los pueblos indígenas, la destrucción de sus áreas naturales y su acaparación por empresas nacionales y extranjeras para gestionar megaproyectos productivos e industriales⁷.

La tecnología siempre apunta al control

A todos estos hechos sumamos los adelantos tecnológicos en cuestión de espionaje y vigilancia, que el Estado y los grupos corporativos han venido utilizando contra opositores, activistas, periodistas e inclusive anarquistas, prueba de ello acontece en el 2016 cuando algunos compas recibieron mensajes de spyware en sus teléfonos⁸. En el 2011, agencias federales mexicanas gastaron aproximadamente 80 millones de dólares en un programa de espionaje de la empresa israelí Pegasus⁹, que mediante virus y links falsos acceden a computadoras y teléfonos celulares con el fin de monitorear su actividad y obtener información. La filtración de datos personales por  facebook y la comparecencia de Zuckenberg frente a los tribunales Estadounidenses no debería de pasar desapercibida, estos hechos nos van mostrando la vulnerabilidad en estos medios. En las calles el incremento exponencial de las cámaras de video vigilancia CCTV, nos siguen dando indicios del futuro de control tecnológico al que nos acercamos; por más bondades que nos ofrezcan, estas tecnologías complejas nacen desde el Poder, desde el capitalismo y sus necesidades y por lo tanto nunca dejaran de apuntar al control y al consumismo, es por ello que ya que estamos inmersos dentro de una realidad de dominación tecnológica se haga importantísimo para todxs lxs que se atreven a desafiar el orden establecido el actualizarse en los mecanismos de seguridad cibernéticos en esta era del Big Brother digital y/o limitar la influencia de este en nuestras vidas. Esperemos que esto dicho no haya sido nada nuevo para lxs compañerxs.

Contra el Estado en sí

En conclusión lejos de las visiones reformistas que exigen al Estado un óptimo y no corrupto uso de las fuerzas armadas apegado a la legalidad, que reclaman por la inconstitucionalidad de los militares en las calles, por su uso únicamente en cuestión de amenazas a la Soberanía Nacional, entre otras de este tipo, los anarquistas debemos mantenernos firmes en nuestro principio anti-autoritario y por lo tanto contra el Estado y su aparato militar sean estos del color que sean. El hecho de que la LSI apruebe legalmente cateos o actos judiciales sin la necesidad de una resolución judicial específica, es un hecho que agrava la situación totalitaria a la que México se va acercando, pero que en realidad ya era una práctica histórica del Estado Mexicano. Es importante recalcar que esta situación, como lo habíamos expresado anteriormente, es un síntoma local de una cuestión global: una nueva vuelta de tuerca del capitalismo, y que esto no se restringe a una cuestión meramente administrativa, en cuanto a si es la izquierda, el centro o la derecha la que está en el Poder; independientemente de sus propias agendas políticas e ideológicas, el proyecto tecno-industrial tiene una lógica inamovible en la cual los Estados Nacionales activan sus fuerzas armadas militares, paramilitares y policiacas cuando el mercado lo demanda, siempre en favor de las corporaciones nacionales y multinacionales, legales o ilegales, con el fin de implementar los proyectos extractivistas para generar más energías (“limpias” o no limpias) y más producción de mercancías con las que dar continuidad a la expansión capitalismo, a los avances tecnológicos dirigidos a la artificialización de la vida y a proyectar el consumo de las masas y el enriquecimiento de las cúpulas; y de paso, con todo esto, poner a raya a las diversas fuerzas de oposición que obstaculizan de diversas maneras los planes del dominio.

Para afirmar estas cuestiones nos basamos en los hechos: el creciente y selectivo encarcelamiento, asesinato y tortura de activistas, indígenas y campesinos que defienden mares, bosques, selvas, montañas, desiertos y ríos y de la represión selectiva a otros movimientos anti-sistémicos o sociales; podríamos decir que esto es una tendencia a nivel mundial que ha venido acompañada del aumento de manifestaciones de carácter racista, xenófobo, nacionalista, sexista y de diversos tipos de autoritarismos propagados socialmente.

Hablar en general de activistas y no solamente de los compañerxs anarquistas, no significa que apoyemos las formas y las ideologías desde las cuales emprenden su forma de lucha, que por lo regular están enmarcadas desde la idea del Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la constitucionalidad o los buenos gobiernos, y que por lo tanto son manejadas y cooptadas muchas veces por el Estado, limitando la revuelta y las posibilidades de la autogestión de la lucha. Hay que tener en claro que la represión no solo nos toca a los anarquistas si no a cualquier estorbo social. Es por eso que creemos en el posicionamiento permanentemente contra las dinámicas de la autoridad. Mencionar los diversos acontecimientos y personajes nos ayuda a dar seguimiento a una línea histórica del Estado que reafirma y nutre nuestra postura, y nos dota de argumentos reales y hechos concretos para seguir extendiendo y propagando la crítica y práctica anti-autoritaria, preparándonos para afrontar las nuevas condiciones y teniendo siempre presente que sin importar las transformaciones del Estado y las reformas legales, estas tienen un carácter siempre temporal, que en cualquier momento podrán desobedecer, como toda la vida lo han hecho; los Estados tienen un mal congénito que es la hipocresía entre lo que dicen y lo que hacen. Para nosotros la libertad, la autonomía, la autodeterminación y el respeto por la naturaleza y lo salvaje no se encuentran en los códigos jurídicos sino en nuestras propias manos, en nuestra conciencia y nuestra voluntad de actuar. Como bien dicen por ahí “Quien hace la ley hace la trampa”.

México, Junio del 2018.

Chaya Tlilli

Notas: