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Escrito por Gustavo Rodríguez.


Se requiere una poderosa carga que haga estallar en pequeños pedazos esta pelota de lodo, que devore con fuego la pestilente civilización, que atruene y siembre la destrucción de esta sociedad liberticida.

Bruno Filippi

No hay nada más placentero que corroborar la presencia de afines en otras latitudes; particularmente en el territorio dominado por el Estado español, donde el eco de aquél mea culpa de “los gatitos de Sutullena”, entorpeció tan significativamente el desarrollo de la tendencia insurreccional anarquista a lo largo y ancho de la Península Ibérica.

Si bien es cierto que la intrépida ruptura (con el reformismo anarcosindicalista que predominaba en esa época) de las Juventudes Libertarias, la consciente autocrítica de amplios sectores de la Coordinadora Lucha Autónoma (que les llevó a alejarse de toda la bazofia izquierdista y del análisis economicista proto marxista), y la decidida actuación de expropiadores y saboteadores de clara estirpe individualista (influenciados por las Tesis Insurreccionalistas llegadas de Italia), contribuyeron teórica y prácticamente al auge de la insurrección anárquica por allá de mediados de la década del noventa; también es innegable el inmovilismo resultante de las constantes condenas de arrepentidos y traidores, subsiguiente a esa etapa de desarrollo.

Sin duda, a pesar de los pesares, el informalismo ácrata hoy vuelve a cobrar bríos en tierras ibéricas. Prueba de ello son los frecuentes ataques a los símbolos de la dominación y la extensión de las expropiaciones. Ya sean anónimas o reivindicadas, ambas acciones han venido ensanchando la confrontación cotidiana al sistema de dominación, lo que aunado a la contestación anarco-ecologista, ha comenzado a dar cuenta de la guerra anárquica en la región.

En este sentido, la reciente lectura de “Algunas reflexiones ingobernables frente a la catástrofe”, firmada por Algunxs anarquistas incotroladxs e ingobernables, desde algunos barrios de Madridi, en respuesta al proselitismo instituyente de Arturo Martínezii, es muchísimo más que la confirmación de esa presencia refractaria: es un guiño cómplice a miles de kilómetros de distancia. En efecto, solo desde la reflexión teórico-práctica del informalismo insurreccional podía refutarse de forma contundente esta pestilencia, infestada por la política y el izquierdismo, que ha hecho nido en nuestras tiendas.

Empero, las reflexiones de las compañeras y compañeros madrileños, sortearon las interrogantes de Martínez, dejando sin respuesta la pregunta generadora que da inicio a su texto: «¿Cuantas manos y cabezas más vamos a tener que perder antes de reflexionar acerca de los por qués (se nos van)?» Inmediatamente, Martínez se autocontesta: «El valor de la crítica y autocrítica debe estar siempre presente, debemos replantearnos constantemente si nuestra práctica política sirve a nuestros objetivos. Y claro, para ello debemos tener claro cuáles son nuestros objetivos»iii.

En realidad, en su respuesta queda implícita la total negación de sus posteriores “argumentos”. Si tenemos claro nuestros objetivos y nos replanteamos constantemente si nuestra práctica sirve o no a tales objetivos, todas sus propuestas quedan sin sustento desde un posicionamiento anárquico. Es decir, desde una óptica consecuente y contundentemente antipoder.

Nuestros objetivos no son ni pueden ser otros que darle vida a la Anarquía. Lo que se traduce en la beligerancia inclaudicable contra todas las formas y estrategias del Poder; en la práctica lujuriosa de nuestras pasiones insurreccionales; en la destrucción de todo lo que nos domina. Y esa práctica anárquica no cabe en otro espacio que no sea la ilegalidad.

Definitivamente, “los que se nos van”, es porque nunca estuvieron. Porque en ningún momento tuvieron claro sus objetivos. Porque jamás vivieron la pasión anárquica en sus corazones ni le dieron rienda suelta a los deseos de liberación total ni comprendieron que la Anarquía es una tensión disutópica y no una realización sistémica. Los que “se nos van” le temen a la Libertad irrestricta y a la responsabilidad individual; añoran mandar y obedecer; dudan de sus capacidades; extrañan el redil; reclaman el corral; requieren la familia, la escuela, la fábrica, el ejército y la prisión; necesitan ser parte de la masa, estar en el rebaño, contarse entre la multitud, ser dóciles, maleables, sumisos, gobernables.

Pero, lamentablemente, entre los que “se nos van”, no solo hay que enlistar a quienes optan por el circo electorero; también tenemos que incluir a todos los que entregan la vida a causas diametralmente opuestas a la Anarquía, como todos esos jóvenes que han muerto en Rojava, víctimas del porno revolucionario. Lo realmente sorprendente es que Arturo Martínez, desde su defensa a ultranza de «una alternativa institucional, organizativa y de base»iv, nos recete “el camino a Kurdistán” junto al travestismo neozapatista –a pesar de que esta última organización político-militar sí eligió la vía de las urnas (con su conocido fracaso) y negoció el desarme en lo oscurito–, como “alternativas” más plausibles a la farsa electorera.

Si leemos entre líneas su articulo, inmediatamente detectamos el tufo de su estrategia y su filiación ideológica. Sigue, al pie de la letra, la cartilla de procedimientos del leninismo posmoderno que tanto ha penetrado en nuestras tiendas, de la mano del neoplataformismo y la maniobra “anarco”-populista del Poder Popular. Por eso, se inclina por el camino electorero pero con una profunda añoranza por “el poder del fusil”v. Cuando, para nosotros, el fusil no resulta más anarquista que el voto. Ambas vías (la lucha armada y la lucha electoral), conducen al Poder. El poder de las armas y el poder de las urnas, conjugan toda la esencia autoritaria de la dominación

La guerra anárquica necesariamente pasa por la confrontación permanente al Poder. A todo Poder. A toda Autoridad. Ya sea monárquica, teocrática, democrática, parlamentaria, militar o populista. Es evidente que por esas latitudes internautas donde se publicó el texto de Arturo Martínez (Regeneración libertaria, con su consecuente reproducción en Kaos), el Poder Popular es incuestionable, dado el talante “anarco”-leninista de sus promotores.

Vale resaltar que la tendencia insurreccional anárquica, no plantea la lucha armada como estrategia, muy al contrario, la ha señalado siempre como una desvirtuación de la guerra anárquica, propia de las influencias burguesas (Blanqui) y de la penetración marxiana que tanta mella ha hecho en nuestras tiendas.

Desde la visión rupturista del nuevo informalismo anárquico –que invita a pensar un anarquismo “postclásico” capaz de ofrecer nuevos itinerarios –, la nefasta ideología de la lucha armada solo puede conducirnos a la dictadura de su vanguardia y al gregarismo más elemental. La lucha armada es una estrategia históricamente utilizada por un sinnúmero de proyectos políticos siempre encaminados a la toma del Poder.

El empleo de las armas no implica en sí el carácter o ideal de dicho proyecto. Incontables organizaciones políticas de claro signo socialdemócrata continúan utilizando en nuestros días la estrategia lucharmadista. La socialdemocracia electorera y la socialdemocracia armada, han contagiado a amplios sectores anarquistas con su verborrea izquierdista, usándonos como carne de cañón para sus fines, completamente opuestos a nuestros objetivos de liberación total.

Claro está, esta reafirmación teórico-práctica, no significa que renunciemos a la violencia ácrata contra toda dominación. Por el contrario, optamos por la violencia refractaria como único método factible contra la violencia sistémica –lo que nos brinda la posibilidad de apuntar las armas contra las ideologías, incluidas la ideología reformista y la ideología de la lucha armada–, conscientes que tenemos un mundo que destruir. Porque, como nos recuerdan nuestros afines madrileños «es mejor un mundo asolado y destruido que el salto adelante que nos propone la izquierda del Capital y el capitalismo verde. Al fin y al cabo, lxs anarquistas, nunca le tuvimos miedo a las ruinas».

Gustavo Rodríguez,

Planeta Tierra, 29 de marzo de 2019.

Posdata aclaratoria: Quienes me conocen saben que no escribo estas notas “desde una torre de marfil ideológica” sino desde la práctica cotidiana y que, al igual que muchas compañeras y compañeros que impulsamos la insurrección anárquica, hace rato largo que rebasé los veinte años, solo que siempre habremos viejos que moriremos siendo jóvenes y, jóvenes que se pudren de vejez prematura.

Segunda posdata (ineludible): Un fuerte abrazo cómplice al entrañable Alfredo Cospito y todxs lxs anárquicxs encarceladxs alrededor del mundo. Solidaridad directa con lxs compañerxs griegxs de la Conspiración de Células del Fuego (CCF). Solidaridad directa, con nuestrxs hermanxs prófugxs Gabriel Pombo Da Silva y Elisa Di Bernardo (¡libres y peligrosxs!), asechados de nueva cuenta por el Estado (español e italiano).

i Algunas reflexiones ingobernables frente a la catástrofe. Disponible en: https://contramadriz.espivblogs.net/2019/03/22/analisis-algunas-reflexiones-ingobernables-frente-a-la-catastrofe-respuesta-al-articulo-quot-los-que-se-nos-van-libertarios-en-el-mundo-electoral-quot/ (Consultado 27/03/19).

ii Los que se nos van ¿Libertarios en el mundo electoral? Disponible en: https://www.regeneracionlibertaria.org/los-que-se-nos-van-libertarios-en-el-mundo-electoral (Consultado 27/03/19).

iii Id.

iv Id.

v Mao Tse-tung, Problemas de la Guerra y la Estrategia, La Revolución China y el Partido Comunista de China, Sobre la Nueva Democracia, Editorial Abraxas, Buenos Aires, 1972, P. 115.

La pasada madrugada del 27 al 28 de febrero fueron rotas a golpe de martillo las vidrieras de una oficina inmobiliaria en la calle Monte Igueldo. Se dejo un mensaje escrito con pintura en el que se podía leer “guerra a la especulación capitalista”.

Esta acción se enmarca en el actual contexto de intento de transformación urbana del barrio de Vallekas por parte del capitalismo y el Estado. Video vigilancia, especulación inmobiliaria, control policial, racismo, persecución de la okupación… es todo lo que hay detrás de la campaña mediática contra los “narcopisos”, utilizados como caballo de troya para legitimar los cambios que el mercado y el Estado estiman oportunos en el barrio.

El ataque a una inmobiliaria se justifica por si solo. Solo esperamos que esta práctica de señalamiento y ataque a lxs intereses de especuladores, empresarios y Estado se generalice.

¡Ni mafia, ni policía!
¡Por la anarquía!

Escrito  parte del archivo sobre  la represión por parte del Estado Español contra anarquistas a través de la denominada Operación Piñata, donde se refelxiona a cerca de los procesos represivos anti-anarquistas, situandolos bajo sus contextos políticos, económicos y sociales y alejados de la lógica victimista. Retomado de Contramadriz con todo y presentación.


Extraemos, nuevamente de la publicación La Ira de Behelial, otro texto con motivo del reciente sobreseimiento de la causa contra lxs compañerxs detenidos en la Operación Piñata. Es el tercero de estos textos (El trasfondo de la solidaridad y Arquitectura, mitología, folclore y operaciones antiterroristas). En los próximos días iremos subiendo de diversas fuentes, mas análisis sobre el contexto represivo, las circunstancias y todo aquello cuanto rodeó estos últimos años a los golpes contra los entornos anarquistas de la península. Este texto en concreto realiza un seguimiento a las categorías legales con las que el aparato represivo del Estado ha ido encasillando a anarquistas y rebeldes en los últimos tiempos hasta la actualidad.


“Puesto que el número está del lado de los gobernados, la única opción de los gobernantes para seguir siéndolo es la opinión”

James Madison

El Estado, intrínsecamente, se constituye para ejercer el poder, y para ejercer el poder (pues el poder se ejerce y, como la historia no para de demostrar, tiene su propia lógica) es tarea obligada mantener el orden, con lo que el Estado se convierte en el garante de un orden; el orden, impuesto por el poder, el orden, necesario para que el poder exista. Hay diversas formas de mantener el orden pero las más eficientes suelen ser aquellas basadas en el palo y la zanahoria. Según esta filosofía para que la persona gobernada se porte bien, es decir se pliegue a los designios del poder y mantenga el orden, se le promete algo (generalmente material) que por supuesto nunca o muy pocas veces alcanzará, y cuando se porta mal se le castiga. Pero en las formas más sofisticadas de ejercicio del poder (y cabe recordar de nuevo que el poder se ejerce principalmente y de manera más elaborada y eficaz mediante la constitución de un estado), es decir, en los autodenominados estados de derecho: las democracias, pero también en muchas dictaduras, no sólo se mantiene el orden mediante un palo (con su zanahoria) sino que también se justifica el garrotazo al desobediente. Esto ocurre porque en estas formas algo más sofisticadas, el Estado se presenta a sí mismo como un simple arbitro y garante de la convivencia, pues como decía Madison, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, los gobernantes frente a los gobernados sólo tienen en última instancia de su parte la opinión. Por este motivo el estado siempre tratará de justificar de alguna manera o de otra sus castigos, cual padre benévolo que azota a sus hijos, por su bien, para conducirles por el camino de la rectitud y que cuando les castiga sufre más dolor que los castigados por tener que recurrir a tan extrema medida. Se puede decir sin ambages que, a día de hoy (y esto es algo que se puede rastrear desde el pasado más reciente hasta nuestros días) el garrote más grueso que tiene el Estado, su látigo más acerado y mortífero es la ley antiterrorista. Pero ¿de dónde sale esta ley?

Tradicionalmente, desde los albores de la constitución de los primeros estados (de forma embrionaria, eso sí) hace más de siete mil años, el poder, instituido en aparato estatal para regir la sociedad, ha tenido y tiene dos tipos de enemigos: el enemigo externo, al que siempre trató como “bárbaros” o “invasores” y el enemigo interno, al que siempre etiquetó de “bandoleros”. En el siglo XIX el Estado se ha convertido ya en un estado liberal­burgués, democrático y representativo en lo político y plenamente capitalista en lo económico y a resultas de la industrialización, la misma que permitió impulsar y moldear el capitalismo liberal, el poder de la época hubo de enfrentarse a diversas revueltas y revoluciones obreras y al nacimiento de las grandes ideas revolucionarias y libertadoras del momento (y que más o menos aún perduran): el marxismo y el anarquismo. Para enfrentarse de manera más eficaz y sin que el mantenimiento del status quo supusiera una fractura muy grande de los principios humanistas y liberales que el establishment decía sostener e impulsar, se creó una legislación especial para tratar el tipo de delitos que podrían quebrar el orden y traer la pretendida emancipación y liberación de la humanidad de la explotación y opresión y de sus explotadores y opresores. Esa legislación daba un tratamiento especial a quienes la vulneraban, tanto jurídicamente como ante la opinión de las oprimidas, con un especial ahínco (más que en otras épocas) de denostación moral hacia el refractario. Pese a este tratamiento especial el estado seguía golpeando con su vara a quien violase la ley sin importarle el motivo de tal violación (generalmente la desigualdad material y la supervivencia) pero con una preocupación a parte y un seguimiento mayor hacia quienes combatían al Estado de manera clara y por motivos políticos. Al fin y al cabo un ladrón sólo pretendía sobrevivir mientras que un revolucionario o revolucionaria quería derrocar al régimen y a sus regentes. Surgen pues hace dos siglos las leyes especiales sistemáticas (siempre hubo alguna ley especial para afrontar problemas temporales concretos, en eso se basa la legislación) acompañadas del linchamiento mediático que van a suponer la referencia y guía de las posteriores y muy modernas leyes antiterroristas. Las primeras que podemos rastrear en el tiempo son las leyes contra los ludditas, un movimiento organizado muy heterogéneo que basaba su actividad en la destrucción de la maquinaría industrial de los capitalistas y en un rechazo de éste sistema económico, aunque por diversas motivaciones (ni todos eran revolucionarios ni todos estaban politizados). A partir de aquí y aun sin una etiqueta concreta para los refractarios, más allá de un manido “bandoleros” no siempre aplicable, entramos en el siglo XX donde la evolución es cualitativa y cuantitativamente mucho mayor.

En el siglo pasado lo que el poder pretende para combatir a sus opositores, en especial a los enemigos interiores, es desgajarlos del cuerpo social para tratar de aislarlos con el fin de que nadie se identifique con los refractarios y pueda simpatizar con ellos o emularlos. Para este fin les demoniza. El problema entonces pasa de ser “los obreros” o “el pueblo” a un grupúsculo sedicioso, misterioso y cruel que desde las últimas décadas decimonónicas empieza a ser catalogado como “los terroristas”. Este paso se da en especial a raíz de la derrota del movimiento obrero en la Comuna de París en 1871, cuando dicho movimiento revolucionario se da cuenta de que militarmente es derrotado una y otra vez, abriéndose paso poco a poco a una nueva etapa que, aunque con grandes convulsiones sociales, ya no es la de las grandes revoluciones (con la excepción histórica del periodo de entreguerras: la rusa en 1917, la alemana en 1918-1919, la coreana en 1929,… o la rara y tardía española de 1936) sino la de las acciones aisladas de la masa social con el fin de volver a conseguir despertarla para el intento definitivo

A partir de entonces y ya durante todo el siglo XX el Estado aplica la categoría de terrorista y toda una legislación de excepción a sus enemigos internos. Claro que las y los revolucionarios o el movimiento obrero no son para el Estado sus únicos enemigos. Según en qué épocas opositores de todo tipo, incluso los afectos al poder pero no al gobierno de turno, han sido y son perseguidos, catalogados de la nueva etiqueta. En el mismo siglo XX, el término terrorista tiene que convivir con el de subversivo o el de “banda armada” según el tipo de aparato estatal que tenga que enfrentarse a la subversión en ciernes. Generalmente las dictaduras, menos fashion, eran más partidarias de términos como “sediciosos” o “subversivos” y en sus legislaciones los delitos eran estos mismos o bien la pertenencia a “banda armada”. Las democracias, siempre con un toque más glam (no la española, por cierto, casposa y cazurra como pocas), se decantan más por “terrorista” y en su legislación vienen bien claras las palabras “terrorismo” u “organización terrorista”. En pleno siglo XXI esta tendencia ya está consolidada, en especial a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos, pues según las democracias ­ amparándose en auténticos actos de brutalidad indiscriminados contra la población cometidos por aprendices de Maquiavelo del autoritarismo religioso o revolucionario, o por orquestación estatal (cómo saberlo) ­, los nuevos enemigos internos del presente buscan sólo aterrorizar a la población pues en su delirio se oponen a la democracia (¿cómo osan?) la más perfecta de las formas de convivencia civilizada y no una simple y cutre forma de articular el Estado. La democracia convierte al Estado, aún más, en un ente totalitario envuelto en un ropaje de presunta libertad, pues no permite que nadie la cuestione, y para ello no sólo produce una animadversión total en la población hacia las refractarias y rebeldes con todo el enorme aparato mediático del que dispone, sino que elabora la correspondiente legislación especial.

A día de hoy, todo enemigo del Estado es un terrorista y esa es la legislación que se le aplica. Veamos cómo evoluciona. Por acotar un poco el asunto, vamos a ceñirnos al estado denominado España. Nos encontramos con que aquí existen diversas leyes antiterroristas desde finales del siglo XIX cuya diferencia más sustanciosa respecto de la legislación ordinaria residía en la especial dureza de las penas (que en la legislación general no eran ligeras, por cierto) y en que al “terrorista” le juzga un tribunal militar. En la segunda república es derogada esta disposición y abolida la pena de muerte pero se crea un tribunal de orden público para juzgar los delitos políticos y la huelgas y revueltas. Este tribunal es derogado por el frente popular en 1936 pero poco después estalla la guerra.

Las leyes de guerra rigen entre 1936 y 1953 (y rigen con toda la dureza que implica el término) y es en este año cuando se elabora la primera ley antiterrorista moderna en España. Franco siempre tan innovador. En esta ley no existía delito de terrorismo per se sino que existía el de “pertenencia a banda armada”. Para poder ser aplicado los requisitos eran, ser una banda (es decir, más de dos personas) y tener armas; como vemos los militares y las dictaduras van al grano. Pero el ligero toque oficioso para su aplicación (una banda de atracadores puede tener armas pero un atraco no necesariamente es una subversión del orden politico­social) era el contenido político que dicha banda tuviera. Si en esta época un grupo de 4 ” jóvenes rojos” repartía propaganda contra el régimen o lanzaba un cocktail molotov contra una comisaría de policía, por poner un ejemplo, y eran detenidas, además de la somanta de hostias que iban a recibir en el calabozo y de ser juzgadas por el renacido tribunal de orden público franquista (1962), no siempre iban a sufrir totalmente la ley antiterrorista y a ser condenados por el delito de “banda armada”. Esta ley es la que se mantendrá vigente, con modificaciones en los años setenta y en la democracia, hasta el año 1995, en que se creará el llamado código penal de la democracia (que hasta ahora se basaba en una reforma del código penal del año 1973).

Éste entra en vigor en 1996 y en él se añade al delito de “pertenencia a banda armada” el de “organización terrorista”, es decir que ya no hace falta que haya armas para que sea aplicada la ley antiterrorista, que por cierto, en plena democracia, es esencialmente más dura en general, salvo en el caso específico de que ya no hay pena de muerte, que la de la dictadura. Además este código admite por primera vez el delito de terrorismo individual, aunque al carecer de banda las penas son menores.

En 2001 esta ley es endurecida tras los atentados de las torres gemelas. Son los años en los que se aplica la doctrina, aun hoy vigente y perfectamente extrapolable y extrapolada, del “todo es ETA” y lo mismo se es terrorista por secuestrar a un industrial que por quemar un banco, romper los cristales de una ETT o editar un periódico que justifique o incluso no condene los actos anteriores. Lógicamente toda esta batería respondía algo tardíamente a las necesidades del Estado, algunas de las cuales eran frenar los últimos rescoldos de luchas obreras, cada vez más violentas (sobre todo en el periodo 1987­1994) en los últimos coletazos de la reconversión industrial (1981­-1997) y desactivar el conflicto vasco.

En 2010 asistiríamos a un nuevo código penal, aplicado en 2011, en el que la ley antiterrorista se aplica a quienes “alteraren de forma grave y reiterada la paz pública y buscaren subvertir el orden constitucional”, suponiendo una nueva vuelta de tuerca en cuanto a la aplicación y endurecimiento de las penas. Esto sucede en un contexto de cierta convulsión social como el periodo 2010­-2014.

Este periodo ha visto nacer el fenómeno 15 M y derivados con todas sus particularidades y consecuencias, para lo bueno (más bien poco) y para lo malo (más bien bastante, en todos los sentidos), enmarcado en una crisis y que se ha caracterizado por episodios de cierta violencia en la calle pero también de protestas pacíficas masivas, algunas tremendamente molestas. Ha sido también (y por ello) de un enorme descrédito democrático y económico y ha visto el decaimiento y cese de la actividad de ETA (lo que ha abierto nuevos escenarios). Es en estos momentos cuando surge un nuevo código penal que intenta enfrentarse a esos nuevos desafíos.

El código penal de 2015 es el de la ley mordaza pero también el de la nueva ley antiterrorista y el del pacto anti-yihadista (aplicable, claro está, a muchas otras realidades). Es una legislación en la que el policía es a la vez juez, jurado y verdugo para delitos no muy graves pero de claros tintes reivindicativos y políticos y en el que la ley antiterrorista contempla por primera vez que no sea necesaria la violencia para subvertir el orden constitucional y/o alterar reiterada y gravemente la paz pública, y en el que a una sola persona se le puede condenar como si en sí misma fuera toda una organización terrorista. Vemos claramente cómo, partiendo de un mismo concepto, la defensa del orden, el Estado a lo largo de la historia ha ido defendiéndose de sus enemigos, en especial de los internos, en especial de los rebeldes y revolucionarios, para seguir adelante sin oposición con su proyecto de dominación. Para ello adecua a los tiempos que corren todo su aparato punitivo y mediático porque ante todo ha de mantener el statu quo.

El poder ha de perpetuarse (regenerándose si es preciso o mordiendo hasta matar si fuera menester) y para ello si es necesario justifica lo injustificable. Así está el patio, amigos y amigas, pero eso sí, todo por nuestro bien y por la seguridad y armonía de nuestra pacífica y armoniosa convivencia, todo ello bien atadito, justificando, como hemos dicho más arriba, lo injustificable. Pero lo injustificable no son sus mentiras, ni su rigor en el castigo, ni siquiera la opresión, cuyo castigo a su rechazo tratan de excusar. Lo injustificable es que día tras día pocas levanten la voz y el puño contra tan infame entramado de explotación y engaño. Lo injustificable es que todo siga igual. Porque pese a que el garrote sea grueso y la zanahoria magra, pese a que existan un garrote y una zanahoria y una mano que las sostenga y nos marque el camino que hemos de seguir, obligados o engañados, la lucha sigue siendo el único camino. Y como decían los clásicos anarquistas “lo que la fuerza y la astucia han levantado, la fuerza y la astucia lo pueden destruir”.